Una idea que podría cambiar al mundo

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CORRECTIVO A LA PROTECCIÓN MUNDIAL DE LAS INNOVACIONES[1]

Lo que he propuesto en mis obras es la inserción del principio de proporcionalidad en relación con la contribución de cada país o región al desarrollo tecnológico del mundo, medida en años de exclusividad.[1] Es una idea inédita y sencilla. He tenido la suerte de presentarla en eventos multilaterales

Actualmente todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que son prácticamente todos los países del mundo, otorgan 20 años de exclusividad sobre las nuevas invenciones (patentes), salvo excepciones que han sido acordadas. Es sin dudas positivo que el sistema internacional, que fue generado por la OMC en el año 1994, premie la innovación tecnológica a escala internacional. Es, sin embargo, una contradicción que en este esquema, tanto el pueblo canadiense (por tomar el ejemplo de un país desarrollado con habitantes y gobernantes con profunda conciencia social, vale destacar) como el pueblo costarricense, recompensen los nuevos adelantos tecnológicos de la humanidad con 20 años de exclusividad, cuando Canadá tiene un ingreso anual per cápita de alrededor de 50 mil dólares y Costa Rica uno de alrededor de 10 mil dólares.

Para corregir la anteriormente relatada contradicción que se da a nivel internacional (el mencionar a Canadá y a Costa Rica solo tiene como propósito ilustrar la misma), el planteamiento es incluir el principio de proporcionalidad en el actual sistema de promoción de la innovación, de forma tal que, al igual que en los impuestos, el que más tiene contribuya más. En este hipotético sistema cualquier innovador, independientemente de su nacionalidad, tendrá la misma protección en todo el mundo que cualquier otro innovador (en estricto cumplimiento de los principios de trato nacional y de nación más favorecida). Sin embargo, la duración de los derechos para los titulares de las patentes variará de un país a otro, de acuerdo con la capacidad económica de cada país.

Resulta obvio que los países en vías de desarrollo se hayan entusiasmado con la idea. En este hipotético sistema verían reducido el período que por norma vinculante deben conceder en sus territorios. Las nuevas tecnologías en sus circunscripciones podrán ser legítimamente explotadas por todos los actores del mercado de manera anticipada. El monopolio que se concederá a los inventores no será de 20 años, sino por un período inferior.[2] Esto bajará por tanto el precio de las nuevas tecnologías en estos países, dando un mayor acceso a la tecnología a sus pueblos. Esto podría ser una útil herramienta para una real transferencia de tecnología, objetivo que el acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual, tal y como está actualmente concebido, ha fallado en conseguir.

Los países desarrollados, por su parte, han mostrado interés en mi propuesta, ya que la misma se basa y reafirma el sistema de promoción de la innovación mediante el otorgamiento de derechos exclusivos. Este es el sistema que les ha llevado al desarrollo tecnológico y en el cual creen profundamente (el sistema fue utilizado en el ámbito nacional por estos países mucho antes de que el mismo fuera acogido como una norma internacional en el marco de la OMC). En mis obras he destacado el valor que tiene una patente para alentar la innovación. Si no hubiera patentes (es decir, si no se otorga exclusividad para las nuevas invenciones), se invertiría menos dinero en la innovación tecnológica.

En el hipotético sistema que he planteado, equitativo en cuanto la humanidad toda retribuye al inventor, el interés por encontrar la medida justa de la protección será mayor, ya que la afectación que potencialmente conlleva una protección desmesurada se sentirá en igual proporción en todos los estados, sin importar su condición de desarrollo. Esto permitirá, incluso, que la humanidad pueda ser generosa en mayor medida con los inventores. Podría entonces la retribución global ser mayor. Lo óptimo, como sostiene mi estudio, será la concesión de un período de protección lo más largo posible. Si cada país aporta según su capacidad, no será necesario escatimar en los incentivos que la comunidad internacional da a aquellos que, mediante la inversión en investigación y desarrollo, encuentren una invención útil para la humanidad.

 

La aplicación de la idea de la cual hoy comento podría resultar en que la humanidad, en su conjunto, remunere más a todos los inventores y a sus inversores, asumiendo la carga que genera esta generosidad de una manera proporcional. La propuesta no trata de establecer a priori el equilibrio o el período óptimo de la extensión de una patente. La proporcionalidad se hará cargo de esto. Será más fácil obtener consensos si el monopolio de la patente es soportado proporcionalmente por los diferentes países o regiones comerciales, ya que los efectos que una protección desproporcionada conlleva se sentirían por igual en todos los países, independientemente de su estado de desarrollo.

 

Resulta difícil cuantificar la retribución que la sociedad quiere o puede dar a los inventores por sus innegables contribuciones, por ejemplo, para la lucha contra el SIDA. Desde un punto de vista axiológico, es imposible apreciar a priori si un determinado período de exclusividad es justo per se. Sin embargo, será posible darse cuenta si deja de ser justo, cuando los hechos demuestren que esto está sucediendo. Por lo tanto, la duración de la protección debe ser lo más larga posible, limitada por cualquier evidencia de una reducción injustificada del bienestar general (por ejemplo, que los países ricos tengan igual carga que los países pobres, es decir patentes de 20 años de exclusividad, es injusto).

 

De introducirse el correctivo propuesto en el actual régimen de protección de las invenciones, ciertos países (aquellos con una mejor situación económica) deberán extender los períodos de protección a las invenciones en sus circunscripciones territoriales, mientras otros (los más pobres) verán reducidos los períodos de protección que están obligados a conceder. Si bien esta reforma no será tan sencilla de concretar como el tronar los dedos, es políticamente plausible. Muchas propuestas se han esbozado en cuanto a la normativa Propiedad Intelectual internacional se refiere, pero todas han fracasado. Esta propuesta resulta conveniente tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados, pues encuentra el equilibrio entre sus intereses.

 

Esta propuesta sostiene que este hipotético nuevo sistema internacional deberá promover una mayor recompensa económica a las inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, o por lo menos una retribución igual a la que en este momento las empresas multinacionales reciben. Desde la perspectiva de las empresas multinacionales (principales actores en la innovación tecnológica), un año más de duración de la protección de las patentes en los países de la Unión Europea, seguramente servirá para cubrir la retribución que aporta toda el África subsahariana por una década. Desde el punto de vista de los inversionistas, que verían que su retribución aumentaría, no debería existir objeción alguna. Serán los gobernantes de los países más ricos (y sus poblaciones), aquellos que producto de esta modificación verán cómo se extienden los monopolios legales en sus territorios, los que podrían tener reparos. La medida en que se aplique la proporcionalidad deberá buscar que los precios monopólicos no generen beneficios en exceso en detrimento de las distintas poblaciones del mundo (todas la sentirán proporcionalmente).

 

Respecto de la propiedad intelectual, los países desarrollados tienen actualmente muchas exigencias en el concierto internacional, como mayor agilidad en los trámites de concesión de los derechos de propiedad intelectual, mayor y más eficiente control, incluso el ampliar los ámbitos de protección, etc. Estos podrán ser los compromisos que asuman los países en desarrollo como contraprestación por lo que sin duda sería una aportación mayor del primer mundo. Por su parte la equidad, la justicia mundial, la cohesión de la humanidad, la simple lógica, serían los elementos de justificación ante sus pueblos para adoptar esta medida.

 

Esta idea podría lograr mayores retribuciones a la inversión en investigación y desarrollo de todas las tecnologías, de lo cual resultaría la creación de nuevos y mejores medicamentos o tecnologías para combatir el cambio climático (“tecnologías verdes”), entre otros beneficios sustanciales para la humanidad. Además, en el corto plazo favorecería de manera directa a los países en desarrollo, en los cuales sus poblaciones verían reducidos los términos de la protección a las invenciones. Así mismo, en el corto plazo, los países en vías de desarrollo gozarán de esta política pública global para alentar su convergencia económica. A largo plazo, la humanidad se beneficiaría en su conjunto de una mayor inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. De plasmarse a nivel mundial esta propuesta, no sólo que una justicia proporcional sería alcanzada, sino que se presenciaría un acontecimiento de cohesión global sin precedentes en la historia de la humanidad. ¡Vale la pena discutirla!

[1] Publicaciones accesibles en: http://www.tripsplusultra.com/2016/07/22/bibliography/

[2] Todo país, por más que su aportación no sea significativa por su pequeño mercado, no debe dejar de aportar a esta recompensa global, no sólo en virtud de que tienen la aspiración de dejar de ser pobres, sino también porque será correcto que puedan beneficiarse legítimamente (al aportar según su capacidad según esta nueva concepción) del progreso tecnológico.

[1] Blog basado en un artículo publicado en la revista de Propiedad Intelectual de la autoridad Nacional competente de Costa Rica.

Autor:

Abg. Esteban Donoso, Msc., LLM, Esq.
Corporación Legal CL-Ecuador

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